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El Consell de Mallorca utilizará drones para lidiar con el urbanismo ilegal en suelo rústico

¿Alguien ha oído hablar de los drones? Quién no ha oído hablar de los drones. El ámbito de las grandes tecnologías crece progresiva e impasiblemente y que eso ya no nos venga de nuevo es un hecho que nos sitúa en una posición privilegiada como sociedad, pero… ¿quién obtiene este privilegio?

El pasado miércoles la prensa nos contaba que la Agencia de Defensa del Territorio, órgano dependiente del Consell de Mallorca, se dispondrá a comprar 8 drones con un presupuesto máximo de 1.000 euros para cada uno de ellos con la finalidad de facilitar la detección de infracciones urbanísticas en suelo rústico. Así pues, los inspectores de tal institución, previo curso específico de uso de drones, normativa reguladora de su vuelo y atención a cuestiones jurídicas de preservación de la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, podrán manejarlos en caso de imposibilidad de acceso al lugar en que se ha cometido o se está cometiendo la infracción o donde se siguen las investigaciones referentes a una posible construcción ilegal.

Si echamos la vista a otros países, la perspectiva reciente nos acerca a una realidad militar ciertamente fantasiosa y de aplicación restrictiva de estos instrumentos voladores no tripulados a control remoto. Sin embargo, a medida que seguimos el eje cronológico de nuestra época contemporánea hasta el presente, se vislumbra nítida la posibilidad cada vez más afanosa de su utilización para fines civiles, ya sea a través de los organismos públicos o por las personas privadas en virtud de un auge en su comercialización a las grandes masas. Filmación publicitaria, cartografía, emergencias, logística, seguridad… todas estas esferas están empezando a beneficiarse de las rentas aportadas por la incorporación de drones a sus filas, a fin de materializar sus competencias. No obstante, ¿qué repercusiones jurídicas tiene este fenómeno?

Algunos gobiernos ya se han posicionado y preocupado al respecto hacia el establecimiento de un marco legal que limite y equilibre el juego de ventajas e inconveniencias que puede suponer el uso de drones civiles. Actualmente España cuenta con el Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones de mano del Ministerio del Interior, a razón de armar una táctica de acción con posterioridad al análisis de dicho escenario a corto y largo plazo, lo cual destapa cualquier atisbo de duda que uno pueda generar en su cabeza sobre la viabilidad y el enraizamiento social de este tipo de herramientas.

Desde el Consell nos dicen que solo van a usarse tales instrumentos en supuestos imprescindibles. Pero para conocer las intenciones de nuestros gobernantes no basta con asentir al tenor literal de sus comunicados, sino que tenemos que ir más allá de las simples frases vacías de contenido y esquivar alguna que otra soflama, dicho sea de paso.

Lo cierto es que la ADT, aunque se mantuvo prácticamente inactiva bajo el paraguas de Francina Armengol como presidenta del Consell desde su creación en 2009, el último lustro ha aumentado notablemente su actividad, llevando a cabo 368 sanciones y recaudando con ellas 6,1 millones de euros. Y ante ello no podemos obviar la relevancia que suponen las garantías que se puedan ofrecer en materia de urbanismo y medio ambiente, sobre todo para una isla como Mallorca, pero aquello que tampoco es permisible es que el gobierno pretenda excederse en el control de la vida privada de sus ciudadanos en virtud de un examen de las actividades humanas y su impacto sobre el territorio.

El tiempo dirá si las medidas del Govern devienen ajustadas al Derecho o en intromisiones ilegítimas confrontadas en los tribunales.

 

Alberto Bujosa
Estudiante de Grado en Derecho

 

 

 

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