El Reino Unido refuerza el control de las inversiones extranjeras

El pasado 4 de enero entró en vigor en el Reino Unido la National Security and Investment Act 2021, una nueva ley que introduce un régimen reforzado de Seguridad Nacional que amplía las posibilidades del gobierno del país para controlar la Inversión Extranjera Directa (Foreign Direct Investment, FDI).

Esto es una novedad en el Reino Unido, si bien conviene recordar que en países como Canadá, Estado Unidos o Australia es algo habitual, similar también al mecanismo de la Unión Europea Foreign Investment Screening.

¿A quién se aplicará?

En términos generales, a determinadas adquisiciones realizadas por cualquier persona y que puedan perjudicar la Seguridad Nacional de Reino Unido. Particularmente, a aquellas adquisiciones que supongan una influencia material de control en una empresa, así como cuando se adquieran bienes muebles tangibles y elementos de propiedad intelectual.

La National Security and Investment Act 2021 establece dos tipos de notificaciones:

Obligatorias: cuando afecte a los 17 sectores específicos mencionados en Instrumento Estatutario (materiales avanzados, robótica avanzada, inteligencia artificial, nuclear civil, comunicaciones, hardware de computo, proveedores críticos para el gobierno, autenticación criptográfica, infraestructura de datos, defensa, energía, militar y uso dual, tecnologías cuánticas, tecnologías satelitales y espaciales, proveedores de los servicios de emergencia, biología sintética y transporte) y cuando la inversión suponga un aumento de capacidad de control hasta ciertos porcentajes o cuando la inversión permita el control de la entidad afectada qualifying entity. Para evitar que estas operaciones se consideren nulas deberán ser notificadas antes de su ejecución.
Voluntarias: debe darse en aquellos casos no incluidos en el punto anterior, pero en los que las partes adviertan que podría existir un riesgo de que la adquisición pueda ser llamada a revisión o called-in for review. No incluye la norma una declaración clara de cuando se puede producir esto, llamando a unas supuestas necesidades de defensa de la Seguridad Nacional que, en definitiva, lo que empuja es a pensar que el legislador británico busca un mayor control sobre la inversión extranjera baja la vieja amenaza del "ustedes verán si no me comunican...". En definitiva, si no hemos comunicado podemos temer la llamada de la Secretaría de Estado durante un periodo de 5 años para verificar la inversión.

¿Qué sanciones prevé?

Las sanciones previstas comienzan por la declaración de la nulidad de la operación. Pero pueden además acarrear multas de hasta 10 millones (se contemplan multas de hasta el 5% del volumen de negocios mundial de la compañía), además de penas de prisión de hasta 5 años.

Si bien el gobierno británico ha reiterado que las inversiones son bienvenidas y que de ninguna manera pretende con esta norma paralizar inversiones, lo cierto es que la NSIA deberá tenerse en cuenta a la hora de realizar inversiones ya no solo por el régimen obligatorio, si no que se deberá advertir si la operación que se va a realizar tiene una conexión sustancial con Reino Unido y si la misma podría ser objeto de call-in for review a efectos de notificar voluntariamente la adquisición y asegurarnos de que no se está dañando el concepto de Seguridad Nacional.

Illeslex Abogados

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