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Puntos clave de la nueva Ley de Urbanismo

Puntos clave de la nueva Ley de Urbanismo

22/01/2018

En Bufete Illeslex, como despacho de abogados en Mallorca especializado en Derecho Inmobiliario y Urbanismo, hemos seguido detalladamente la redacción de la nueva Ley de Urbanismo de las Islas Baleares , aprobada el pasado 29 de diciembre. Ley que fue publicada en el BOIB nº 160 el mismo día y entró en vigor el 1 de enero. 12/2017. Muchas son las novedades que contempla la nueva ley que deroga la ley 2/14 del 25 de marzo del 2014 de ordenación y uso del suelo de las Illes Balears.

A continuación, le remitimos de forma breve las novedades más relevantes: 

  • Como ley básica de consenso, la perdurabilidad, ya que da máxima seguridad jurídica.
  •  La definición de las líneas básicas de regulación de los tres tipos de suelo, que incluye el suelo rústico (que no aparecía en la Ley del Suelo).
  • La agilización al máximo de los procesos de aprobación de los planes generales, con la desagregación de los planeamientos generales (en dos partes) y un nuevo sistema de tramitación que permitirá que los casi 8 años actuales de tramitación puedan pasar a 3 años.
  • La sostenibilidad del territorio, priorizando al máximo la reutilización del suelo urbano y las actuaciones sobre “ciudad edificada”, para evitar la ocupación de nuevo suelo.
  • La lucha contra la especulación, con la articulación de instrumentos de gestión urbanística que garantizan un control máximo de los procesos, desde el punto de vista administrativo y económico, y con medidas correctoras que impidan, por ejemplo, plusvalías exageradas, para dotar a todo el proceso de transparencia. Fija condiciones estrictas para los convenios urbanísticos.
  • Una disciplina urbanística efectiva, tanto para garantizar el cumplimiento de sanciones y el restablecimiento de la legalidad y de la realidad física alterada cuando esta se ha vulnerado, como para actuar como elemento preventivo y disuasivo de comportamientos irregulares entre los particulares y entre los responsables públicos, por acción u omisión de estos.
  • Más garantías para la protección de los suelos especialmente protegidos (ANEI, ARIP y áreas de protección territorial APT costeras), dando competencia exclusiva a los consejos y sus agencias de disciplina urbanística para actuar sobre estos suelos.
  • Incremento del parque de viviendas públicas. Dota a las administraciones de instrumentos eficaces y fija obligaciones en la planificación urbanística con el fin de facilitar el incremento del parque de viviendas públicas para destinarlas preferentemente a alquiler social.
  • Impedir la reclasificación como suelo urbano de los asentamientos en el medio rural y cerrar la puerta a la amnistía de las edificaciones fuera de ordenación en suelo rústico.

 
Centrándonos en las principales medidas que incorpora la Ley para alcanzar estos objetivos, podemos destacar los siguientes que incluyen dos procesos importantes:
 

 El sancionador y el de restablecimiento de la legalidad y de la realidad física alterada.
 

1.- Procedimiento sancionador:

Las sanciones por actuaciones ilegales (sin título urbanístico que las ampare) serán económicas y varía el importe.

Por obras e instalaciones ilegales en suelo urbano o urbanizable:

  • Multas de entre el 50 y el 70% del valor de la obra ejecutada si su uso está permitido.
  • Multas de entre el 75 y el 100% del valor de la obra si su uso no está permitido.

 
Por obras e instalaciones en suelo rústico:

  • Multa de hasta el 300% del valor si es un uso prohibido.
  • Multa de entre el 150 y el 300% del valor si es uso autorizado.
     

 

2.- Procedimiento de restablecimiento/ejecución de las demoliciones:

 
El plazo para iniciar el procedimiento de restablecimiento de la realidad física alterada no prescribirá nunca en el suelo rústico: a partir de ahora el posible infractor sabrá que cualquier obra ilegal que se haga en el suelo rústico siempre podrá ser derribada por la Administración.
 
Se simplifican las ejecuciones de órdenes de demolición, que quedan exentas de licencia urbanística previa: se presenta el proyecto y si el ayuntamiento no dice nada en un mes, se inicia el plazo para ejecutar.

 

Otras medidas:
 
a) Se prevén multas coercitivas continuadas: del 10 % del valor de la obra ilegal y se van repitiendo CADA MES (hasta 12) hasta que el infractor lleva a cabo su demolición y restitución.
 
b) El plazo para la ejecución subsidiaria por parte de la Administración se amplía hasta los 15 años; la Ley lo introduce, siguiendo los criterios jurisprudenciales. La Administración puede ejecutar subsidiariamente desde el momento en que expira el plazo dado al infractor.
 
c) Para evitar el problema de la proximidad en el cumplimiento de la disciplina urbanística se da competencia a los consejos insulares y a las agencias y consorcios supramunicipales sobre el suelo rústico ANEI, ARIP y APT.


d) Responsabilidad de las autoridades o cargos públicos: se fijan responsabilidades para las autoridades y cargos públicos que, con conocimiento de causa y teniendo posibilidad de impedirlo, permiten la indisciplina urbanística; por ejemplo, si dejan caducar expedientes o dejan de sancionar una infracción u ordenar su restablecimiento.
 

 

Javier Blas
Socio director | Illeslex Abogados

 

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