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El consell insular podrá ordenar el corte de luz, agua, gas y telefonía en edificaciones fuera de ordenación

El consell insular podrá ordenar el corte de luz, agua, gas y telefonía en edificaciones fuera de ordenación

14/05/2018

Illeslex, despacho de abogados en Mallorca especializado en Derecho Inmobiliario y Urbanismo.

 

Una de las novedades más relevantes introducidas por la nueva Ley Urbanística de Baleares (LUIB), es la atribución a los Consells Insulars (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), de todas las competencias en materia de disciplina urbanística en suelo rústico de máxima protección: ANEI, AANP, ARIP y APT Costera, competencias que hasta la aprobación de esta nueva Ley ostentaban los Ayuntamientos.

 

Otra de las novedades que además está ocasionando mucha polémica es que, en cualquier categoría de suelo rústico (no sólo el de máxima protección referido anteriormente), los Consells Insulars podrán, previo requerimiento al Ayuntamiento correspondiente, subrogarse en las competencias del Ayuntamiento, esto es, ponerse en su lugar, para poder, en supuestos de edificaciones y construcciones que sean ilegales y fuera de ordenación (ejecutadas tras el 1 de marzo de 1987), requerir a las empresas prestadoras, distribuidoras, comercializadoras o suministradoras, que cesen en la prestación, distribución, comercialización o suministros de electricidad, gas, agua, saneamiento, teléfono, telecomunicaciones, o similares en este tipo de edificaciones. En otras palabras, por ejemplo, podría requerir a ENDESA o TELEFÓNICA a los efectos de que corten el servicio de luz o línea telefónica.

 

Se trata de una medida drástica y muy polémica, en tanto que nos podremos encontrar, por ejemplo, con viviendas ilegales y fuera de ordenación que llevan igual más de veinte años construidas y con servicio de gas, agua, telefonía, electricidad, y por tanto con esa ilegalidad urbanística prescrita, que ahora, de repente, que vean como se les cortan esos servicios de suministro por voluntad del Consell Insular, medida que resulta, en mi opinión, completamente:

 

  • Inconstitucional: Ya que atenta contra el Principio de Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, previsto en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

 

  • Que atenta contra el Principio de Legalidad, en tanto que si estamos ante una edificación fuera de ordenación prescrita legalmente antes de la entrada en vigor de la nueva LUIB, y por tanto, no susceptible de ser demolida, resulta contra legem que una medida como esta, por ejemplo, de cortar la luz, que es complementaria y subsidiaria a la la prescripción de la ilegalidad urbanística, sea aplicable y ejecutable.

 

  • Y que es dudosa razonablemente, en el sentido que estaríamos ante un acto administrativo que resuelva y anule un contrato de suministro de carácter civil-privado.

 

Es difícil imaginar cómo se va a llevar a la práctica este tipo de medida. Según se comenta oficiosamente en ámbitos cercanos al Consell Insular, parece ser que, en la práctica, únicamente requerirán formalmente ese corte de suministro, pero no lo ejecutarán. Vamos a ver qué pasará…

 

Feliu Martorell Brotad
Abogado de Illeslex

 

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